El derecho al olvido oncológico es una reivindicación histórica de las organizaciones de lucha contra el cáncer. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se ha comprometido a impulsar una iniciativa legislativa para garantizar este derecho y acelerar su implementación en junio. Esta medida beneficiará a todas las personas que hayan finalizado un tratamiento contra el cáncer sin recaída durante al menos cinco años antes de la fecha de suscripción de un contrato.
La importancia de este derecho también ha sido reconocida a nivel europeo. En la Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2022, sobre el refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer, se hace hincapié en la necesidad de que las aseguradoras y los bancos no tengan en cuenta el historial médico de las personas afectadas por el cáncer. El considerando 125 de esta resolución subraya la importancia de garantizar que los supervivientes de cáncer no sean discriminados en comparación con otros consumidores. Además, se menciona el apoyo a los avances realizados en Francia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, donde los supervivientes de cáncer ya disfrutan del «derecho al olvido».
La propuesta se alinea con esta resolución europea. La modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007 y la Ley del Contrato de Seguro busca garantizar que los supervivientes de cáncer no sean penalizados por su historial oncológico al contratar productos o servicios financieros. Con esta medida, se declararán nulas todas las cláusulas que excluyan o discriminen a los supervivientes de cáncer.
La intención de la Comisión Europea de colaborar con las empresas para elaborar un código de conducta que refleje la evolución de los tratamientos contra el cáncer y su mayor eficacia en las prácticas comerciales de los proveedores de servicios financieros es un paso positivo hacia la protección de los derechos de los supervivientes de cáncer.
Es fundamental que todos los Estados miembros de la Unión Europea garanticen el derecho al olvido a todos los pacientes diez años después del final de su tratamiento y, como máximo, cinco años después del final del tratamiento para los pacientes cuyo diagnóstico se haya realizado antes de los 18 años. Además, se debe establecer una serie de normas comunes para el derecho al olvido, con el objetivo de acabar con las prácticas nacionales fragmentadas y asegurar la igualdad de acceso al crédito para los supervivientes de cáncer.
La integración del «derecho al olvido» en la legislación de la Unión Europea es necesaria para evitar la discriminación y mejorar el acceso de los supervivientes de cáncer a los servicios financieros. Esto no solo beneficia a los afectados, sino que también promueve una sociedad más inclusiva y solidaria, donde todas las personas tengan igualdad de oportunidades sin importar su historial médico.