En la era de la educación digital, los centros educativos se enfrentan al desafío de incorporar plataformas tecnológicas en sus métodos de enseñanza. Un caso reciente analizado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) pone de relieve la importancia de una elección responsable de proveedores tecnológicos por parte de los centros educativos, especialmente en lo que respecta a la protección de datos personales.
El caso de un colegio público que utilizó Google Workspace for Education (GW), ilustra las consecuencias de no cumplir con las normativas de protección de datos. Este colegio fue sancionado por no formalizar adecuadamente un contrato con Google, incumpliendo el artículo 28 del RGPD, que exige acuerdos claros y detallados con los encargados del tratamiento de datos. Además, el colegio no proporcionó información adecuada ni obtuvo el consentimiento expreso de los padres para el tratamiento de datos de alumnos menores de 14 años, infringiendo así el artículo 13 del RGPD.
Este caso subraya la responsabilidad de los centros educativos en la selección de plataformas digitales. La AEPD aclara que, aunque la impartición de clases y realización de exámenes online en la enseñanza reglada no requiere el consentimiento del alumnado o de sus padres, los centros deben elegir y contratar a los proveedores tecnológicos con la diligencia que exige el RGPD. Esto implica asegurarse de que los proveedores cumplan con las normativas de protección de datos y respeten los derechos de los alumnos.
Además, los centros deben informar claramente a los padres y alumnos sobre cómo se tratarán sus datos personales y garantizar la seguridad y privacidad de estos datos. La elección de un proveedor tecnológico no es solo una cuestión de funcionalidad o conveniencia; es una decisión que lleva consigo una gran responsabilidad legal y ética.
Este caso sirve como un recordatorio crucial para los centros educativos sobre la importancia de adherirse a las normativas de protección de datos y elegir proveedores tecnológicos que ofrezcan garantías de cumplimiento. Al hacerlo, no solo se protege la privacidad y los derechos de los estudiantes, sino que también se fortalece la confianza entre los centros educativos, los estudiantes y sus familias. En la era digital, ser un centro educativo responsable significa también ser un guardián cuidadoso de la información de sus estudiantes.